La tragedia de San Miguel Canoa, víctimas de la manipulación informativa
En 1968 el poblado de San Miguel Canoa vivió una noche oscura detonada por el miedo, la manipulación y la intolerancia.
El 14 de septiembre de 1968 el pueblo de San Miguel Canoa, en Puebla, vivió uno de los episodios más terroríficos del siglo XX. El hecho sucedió en el contexto del movimiento estudiantil de 1968, al cual el gobierno respondió con la llamada Guerra Sucia, que buscaba terminar con la oposición.
Parte de la estrategia de los gobiernos latinoamericanos para combatir a los sectores de izquierda fue una campaña de desprestigio contra el marxismo y el comunismo. Lamentablemente, la estrategia rápidamente se transformó en paranoia y exaltó la intolerancia de algunos sectores de la sociedad, quienes veían en el marxismo un riesgo inminente.
Uno de estos sectores –que se veía desprotegido ante el comunismo–, era la iglesia católica. Ya en México había existido una guerra del Estado hacia la iglesia durante los primeros años de gobierno posrevolucionario. Asimismo, las persecuciones religiosas en el bloque soviético y yugoslavo abonaban al imaginario colectivo temor ante el avance de los grupos de izquierda. Todo ello fue utilizado por el oficialismo mexicano para hacer frente a grupos moderados y radicales que exigían democratización y nuevos derechos.
Víctimas del sesgo informativo
La constante sospecha terminó por recaer sobre los estudiantes y trabajadores, incluyendo a aquellos que no tenían filiación política. Ejemplo de ello fue lo sucedido en San Miguel Canoa, un pueblo ubicado a las faldas del volcán La Malinche que yace entre los estados de Puebla y Tlaxcala. El 14 de septiembre de 1968 un pequeño grupo de trabajadores y estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla acudieron con la intención de realizar alpinismo en la montaña.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el grupo fue convocado por Julián González Báez ―de 26 años, casado y con dos hijos―, quien solía acudir a la montaña para realizar actividades deportivas. Del grupo de once personas que se comprometieron a acudir, sólo cuatro llegaron: Ramón Gutiérrez Calvario, Jesús Carrillo Sánchez, Miguel Flores Cruz y Roberto Rojano Aguirre.
Su arribo al poblado ocurrió cerca de las seis de la tarde. Uno de los elementos a destacar es que gran parte de la población hablaba exclusivamente el náhuatl, lo que generaba un vacío informativo con respecto a la situación política y social, al no tener acceso a periódicos y televisión en su idioma.
Debido a la lluvia, no lograron iniciar el ascenso, por lo que se vieron obligados a buscar refugio, pero fueron rechazados por los pobladores. Incluso acudieron a la parroquia, pero Enrique Meza Pérez, cura de San Miguel Canoa, les negó la ayuda. Finalmente, tras cenar sardinas, jalapeños y galletas saladas en una tienda, fueron alojados por el dueño del local, Lucas García García.
Canoa: ¿fanatismo o abuso de poder?
García –el tendero– se había negado a dar su visto bueno al sacerdote del pueblo, pues éste solía gestionar obras públicas del municipio para desviar recursos. Cuando el sacerdote se enteró que Lucas García había dado alojamiento a los jóvenes, lo acusó de dar resguardo a los comunistas, quienes «habrían llegado a Canoa para robar sus bienes y mujeres». Entonces, el cura hizo sonar las campanas, instigó a la población y les demandó atacar la casa del tendero.
La multitud no dudó en defender sus propiedades, familia y patria de los «comunistas». Armados con machetes y armas de fuego, la población linchó a Jesús Carrillo Sánchez y Ramón Calvario Gutiérrez, trabajadores de la BUAP; a Lucas García García, el tendero que los hospedó, y a su hermano Odilón. El resto de las personas sobrevivieron con graves heridas.
Miguel Flores Cruz y Roberto Rojano Aguirre, dos de los sobrevivientes, dedicaron gran parte de sus vidas a promover la tolerancia y el combate al prejuicio, actualmente ambos han fallecido. Julián –el único sobreviviente con vida–, narró los hechos en 2018, a los 50 años del linchamiento. Nunca regresó a Canoa y dice no guardar rencor, reconociendo que también hubo habitantes que intentaron evitar el acto de violencia. El sacerdote Enrique Meza Pérez nunca pagó por su crimen.
